REGULARIZACIÓN DEL AGUA
¿Porqué actualizar la política del agua?
En el año 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), formuló la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, la cual tuvo una vigencia del 2010 al 2022 y por concepto de Comité de Gerencia del Minambiente se amplió el plazo para su reformulación. No obstante, se mantiene vigente durante el periodo 2022-2024.
La política del agua se tiene que actualizar porque su vigencia expidió y porque así lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida (Capítulo 1, numeral 2, literal a), se debe “actualizar la política de gestión integral del recurso hídrico” alrededor de cuatro grandes dimensiones: (i) Oferta, (ii) Demanda, (iii) Disponibilidad y (iv) Gobernanza del agua.
Finalmente, la regularización del agua impulsa el desarrollo social y económico del país al brindar mayor certeza jurídica y equidad en el acceso.
¿Qué expectativas hay para la nueva política del agua?
Se quiere una política orientada a garantizar la conservación, gestión y uso eficiente del agua, articulada al ordenamiento y uso del territorio, entendiendo el agua como determinante ambiental primario para la conservación de ecosistemas, el bienestar social y el desarrollo económico sostenible, implementando procesos de participación con enfoque diferencial.
La nueva política del agua va a fortalecer las acciones de adaptación a la variabilidad y cambio climático y amplia el componente de gestión y prevención del riesgo propendiendo por disminuir la vulnerabilidad de los sistemas hídricos.
Incorporará puntos de armonización con ecosistemas marino-costeros, aguas subterráneas, servicios ecosistémicos, sistemas de pensamiento indígena, así como CONPES y políticas públicas relacionadas.
La política de regularización del agua en Colombia representa un paso estratégico para garantizar el uso sostenible y equitativo de uno de los recursos más valiosos del país. En un territorio caracterizado por su gran riqueza hídrica pero también por profundas desigualdades en el acceso, esta política busca ordenar la gestión del agua, fortalecer la institucionalidad y asegurar que su aprovechamiento responda al interés colectivo. La regularización permite identificar, controlar y planificar los usos del recurso, reduciendo la informalidad y previniendo conflictos entre sectores como el agrícola, el industrial, el energético y el consumo humano.
Entre los principales beneficios de esta política se encuentra la protección de los ecosistemas hídricos, fundamentales para la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático. Al establecer reglas claras para la captación, uso y vertimiento del agua, se promueve la conservación de ríos, acuíferos y humedales, lo que a su vez contribuye a la seguridad hídrica a largo plazo.
